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El ejército intervino en la lid política olvidando su tradición sanmartiniana y abrió un capítulo nuevo aunque no muy feliz en la historia argentina. Por vez primera desde la organización nacional, las autoridades legítimas eran derrocadas por un acto de fuerza, anulando el período constitucional. En la revolución del noventa, a pesar de las acciones bélicas, el vicepresidente de la República completó el mandato del binomio elegido. En 1930, al desconocerse al Poder judicial, que actuaba con independencia de criterio, sin sometimientos ni adulaciones; al ignorarse un Senado, que no apoyaba al presidente; al desconocer que la Carta Magna no había sido violada ni anulados los derechos de los ciudadanos, que los gozaban en su plenitud, se abrían las puertas para la incertidumbre del futuro y la repetición' de estos hechos destruiría el progreso argentino y la estabilidad de las instituciones. Ninguna fórmula presidencial había sido anulada por la fuerza desde hacía ocho décadas. Y costaba creer que tanto movimiento militar se debiera únicamente al desquicio administrativo que no podía negarse. Los universitarios, en ataques de violencia creciente, hablaban del olor a petróleo en la sublevación de setiembre de 1930.

La ilegalidad gubernativa se completó con otro acto arbitrario y abusivo.

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