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El artículo 468 del Reglamento permite a las autoridades locales determinar e infligir, sin ninguna investigación formal por parte de la policía, las penas relativas a crímenes y delitos que, según el derecho penal ordinario, solo entrañan la pérdida de derechos civiles y privilegios. En general, en Sajalín los casos de escasa importancia se someten a la justicia ordinaria, que depende del departamento de policía. A pesar de la amplia competencia de ese tribunal local, que tiene jurisdicción sobre todos los casos de poca monta y también sobre muchos otros que solo convencionalmente merecen esa consideración, la población ignora las leyes y los tribunales. Cuando un funcionario tiene derecho, legalmente, sin juicio ni sumario, a castigar a un hombre a azotes, a la cárcel e incluso a la minas, la existencia de un tribunal solo tiene un significado formal^[189].

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