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Las penas por crímenes graves las impone el tribunal del distrito de Primórskaia, que resuelve los casos basándose exclusivamente en testimonios documentales, sin interrogar a los acusados ni a los testigos. Sus decisiones son presentadas para su ratificación al comandante de la isla que, si desaprueba la sentencia, resuelve la cuestión por su propia autoridad, pero en ese caso debe informar al Tribunal Supremo. Cuando la administración estima que se encuentra ante un crimen excepcional y que el castigo previsto en el Reglamento de la deportación no parece lo bastante severo, solicita llevar al inculpado ante un tribunal militar.

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