La democracia rompe este vínculo. El gobernante electo no posee el aparato estatal; lo arrienda por un tiempo. No tiene razones para pensar en términos de legado o conservación. Se comporta como un usufructuario: exprime lo máximo posible durante su mandato y transfiere los costos al sucesor. Esta ruptura con la lógica del propietario convierte al gobierno en un mecanismo de destrucción del capital acumulado. La administración pública deja de ser un ejercicio de responsabilidad y se convierte en una competencia por el despojo.

Punto clave cuatro: La democracia incentiva el saqueo institucionalizado

La democracia transforma el proceso político en una competencia permanente por el control del aparato estatal con el fin de beneficiarse de él. Como el gobierno se vuelve “público”, cualquiera puede aspirar a dirigirlo, y el acceso al poder depende de obtener votos. Así, el sistema incentiva a los grupos organizados a presionar por privilegios, subsidios, regulaciones especiales o transferencias, al tiempo que disimulan estos favores detrás de ideales como “justicia social” o “bien común”.