Abogados, jueces y fiscales han visto cómo algunas personas —en especial durante procesos de divorcio o disputas de custodia— utilizan la ley para inclinar la balanza a su favor. No se trata de negar la violencia real, sino de evidenciar que el sistema también puede ser usado con fines estratégicos. La ley no exige pruebas previas para activar las medidas de alejamiento, y en muchos casos se otorgan a pesar de que el juez intuye que la denuncia carece de sustento. La expresión es clara: “Sé que miente, pero tengo que protegerme legalmente”.

El sistema permite que la acusación sea suficiente para destruir una reputación, apartar a un padre de sus hijos o provocar un colapso emocional sin retorno. Incluso cuando se demuestra la falsedad, la supuesta víctima rara vez enfrenta consecuencias. Esa impunidad genera una zona gris en la justicia donde el miedo, la manipulación y el oportunismo conviven con la protección legítima.