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Este oficial brutal, que en los últimos tiempos vivía en continuo estado de embriaguez, era el juez ante el que comparecía ahora la dulce e inocente Paulina, acusada de cargos que podían costarle la vida. En efecto, era evidente que la finalidad del proceso no era otra que la de guardar las apariencias y, si era posible, sacarle más información a la prisionera. El general actuaba de árbitro supremo en todos los asuntos de derecho y potestad que llegaban al tribunal, cuyas competencias administrativas eran casi ilimitadas. No admitía la menor objeción y cortaba por lo sano con su sable croata cualquier complicación jurídica, ya fuese de forma o de contenido. Aceptó, sin embargo, a dos asesores en su tribunal de justicia para que le aliviaran de las fatigas y dificultades de dirigir una intrincada investigación.

Estos asesores eran abogados de escasa categoría, que ejercían su profesión con tan pocos escrúpulos y tan escasa consideración y cortesía como su jefe militar. Los tres jueces mostraban casi la misma brutalidad y constituían herramientas igualmente abyectas del soberano sin principios al que servían.

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