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—En eso estriba el error. Nos hemos acostumbrado a pensar que el ministerio fiscal y en general los magistrados son gentes nuevas y liberales. Alguna vez fueron así, pero ahora son completamente distintos. Son funcionarios, preocupados solamente por llegar al día veinte. Reciben un sueldo, necesitan más y a eso se limitan todos sus principios. Acusarán, juzgarán y condenarán a quien sea.

—Pero ¿acaso existe una ley por la que se puede desterrar a un hombre por el hecho de reunirse con otros a leer los Evangelios?

—No sólo desterrarle, sino condenarle a trabajos forzados si se puede demostrar que se ha permitido explicar los Evangelios a otros no como está ordenado y, por tanto, ha censurado a la Iglesia. La blasfemia contra la religión ortodoxa en público está penada con el destierro, en virtud del artículo ciento noventa y seis.

—Pero eso no puede ser.

—Se lo digo yo. Siempre digo a los señores magistrados —continuó el abogado— que no puedo por menos que estarles agradecido, porque si yo no estoy en la cárcel ni usted tampoco, ni todos nosotros, sólo es gracias a su bondad. Privarnos de nuestros derechos civiles y desterrarnos sería la cosa más fácil del mundo.

—Pero si es así, y todo depende del fiscal y de los jueces, que pueden aplicar una ley o no aplicarla, ¿para qué existe el juicio?

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