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Cuando se decretó la constitución civil del clero, cuando se exigió a éste que se adhiriese a ella prestándole su juramento, los sacerdotes franceses se dividieron en juramentados e injuramentados, siendo los más estos últimos, a pesar de que se les colocó en la terrible alternativa de jurar o de elegir entre la prisión y el destierro. Con el propósito de que se cumpliese tan dura ley se ofreció la suma de treinta y dos libras a todo delator que presentase en los distritos un recalcitrante, y como si no bastase, el 26 de agosto de 1792 se promulgó una ley disponiendo la deportación en masa de todos los sacerdotes no juramentados.

Por espacio de algún tiempo pudieron los clérigos refractarios sustraerse a las delaciones y a la persecución de sus enemigos; pero el odio y la malevolencia de éstos iba creciendo de día en día, y al fin fueron aprisionados, desterrados o asesinados todos los sacerdotes que no quisieron jurar, quedando departamentos enteros sin sus directores espirituales.

Esto es lo que había acontecido en Finisterre: la revolución acosó al clero con una tenacidad extrema, le persiguió de muerte y consiguió al fin hacerle abandonar todas las parroquias de aquel departamento, que quedaron sin los auxilios religiosos.

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