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Ved, os lo ruego, las horrorosas consecuencias del derecho a la intolerancia: si estuviese permitido despojar de sus bienes, arrojar a las mazmorras, matar a un ciudadano, que en un grado de latitud determinado no profesase la religión allí admitida, ¿qué excepción eximiría de las mismas penas a los primeros del Estado? La religión obliga del mismo modo al monarca que a los mendigos: así es como más de cincuenta doctores o monjes han afirmado ese horror monstruoso de que estaba permitido deponer, matar a los soberanos que no pensasen como la Iglesia dominante; y los Parlamentos del reino no han cesado de proscribir esas abominables decisiones de unos teólogos abominables.

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Es sabido que todos nuestros dogmas no han sido siempre claramente explicados y universalmente recibidos en nuestra Iglesia. Al no habernos dicho Jesucristo la procedencia del Espíritu Santo, la Iglesia latina creyó durante mucho tiempo, junto con la griega, que sólo procedía del Padre, hasta que añadió al símbolo que procedía también del Hijo. Y pregunto: si, al día siguiente de esta decisión, un ciudadano se hubiera atenido al símbolo de la víspera ¿habría merecido la muerte? La crueldad, la injusticia ¿serían menos grandes al castigar hoy a quien pensase como se pensaba antes? ¿Se era culpable en tiempos de Honorio I por creer que Jesús no tenía más que dos voluntades?

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