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Casi todos los ciudadanos han estado convencidos de que si el Parlamento se hubiera limitado a hacer ver al soberano, con conocimiento de causa, las desgracias y las necesidades del pueblo, los peligros de los impuestos, los riesgos más grandes todavía de la venta de esos impuestos a arrendadores que engañaban al rey y oprimían al pueblo, esa práctica de las amonestaciones hubiera sido un recurso sagrado del Estado, un freno a la avidez de los capitalistas, y una lección continua para los ministros. Pero los caprichosos abusos de un remedio tan saludable habían irritado de tal modo a Luis XIV, que vió solamente los abusos y suprimió el remedio. La indignación que guardaba en su corazón era tan profunda, que en 1669 (el 13 de agosto) fué de nuevo en persona al Parlamento para revocar los privilegios de nobleza acordados durante su minoría, en 1664, a todas las cortes superiores.

Pero a pesar de ese edicto, registrado en presencia del rey, ha subsistido la costumbre de conceder privilegios de nobleza a todos aquellos cuyos padres han ejercido durante veinte años un cargo judicial en una corte superior, o han muerto durante su empleo.

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