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Fue llevado más allá de sus posibilidades; porque en todas las instrucciones que nos quedan de él, vemos que estaba convencido de que la riqueza de un país consiste solamente en el número de sus habitantes, el cultivo de las tierras, el trabajo industrial y el comercio; se ve que el rey, que posee muy pocos dominios particulares, y es solamente el administrador de los bienes de sus súbditos, sólo puede ser verdaderamente rico mediante impuestos fáciles de percibir y repartidos con igualdad.

Hasta tal punto temía entregar el Estado a los arrendadores, que poco tiempo después de la disolución de la cá mara de justicia que habla hecho instituir contra ellos, hizo emitir una resolución del consejo que establecía la pena de muerte para los que adelantaran dinero sobre nuevos impuestos. Trataba con esta decisión conminatoria, que jamás se imprimió, de amedrentar la ambición de las gentes de negocios. Pero no tardó en verse obligado a servirse de ellas, sin revocar siquiera la resolución: el rey apremiaba y se necesitaban recursos expeditos.

Este procedimiento, traído de Italia por Catalina de Medicis, había corrompido de tal modo el gobierno, por su funesta facilidad, que después de ser suprimido en los felices años de Enrique IV, reapareció durante todo el reinado de Luis XIII, e infectó, sobre todo, los últimos tiempos de Luis XIV.

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