La historia, durísima pero real, es bien conocida. En los primeros años del siglo XVII (en concreto en 1610) se celebró en Logroño un extraordinario Auto de Fe en el que fueron juzgadas una serie de personas, sobre todo mujeres, a las que se acusaba abiertamente de brujería. Después de un bochornoso y multitudinario recuento de delaciones, intrigas, señalamientos y amenazas, varios lugareños de Zugarramurdi (Navarra) tuvieron que comparecer ante un tribunal de la Inquisición, constituido ad hoc. Los acusados eran tan sólo unos pobres infelices cuyo delito más grave era haber participado en rituales paganos bajo el influjo de hierbas alucinógenas. Y muchos sufrieron la atroz «purificación» de las llamas por orden de la Iglesia Católica.El jurista don Alonso de Salazar y Frías, no sólo participa como miembro del tribunal que juzga a los presuntos herejes sino que, ante todo, llega al íntimo convencimiento de que se está procediendo injustamente con ellos. ¿No habrá, detrás de esta purga salvaje y desmesurada, alguna razón política? ¿No se tratará de una compleja maniobra orquestada por ciertos señores feudales (como don Tristán de Alzate) que, en connivencia con la Iglesia, persiguen intereses territoriales y económicos? Desde luego, los habitantes de Zugarramurdi suponían un problema para la férrea jerarquía eclesiástica, de la que descreen abiertamente («¿Crees que es ciencia infusa todo lo que dicen unos hombres que, beneficiándose de las prebendas que les otorgan sus hábitos, viven diez veces mejor que tú?», espeta un personaje con acidez en la obra), así que arremeter contra su osadía incorporaba un serio aviso para las poblaciones circundantes.