En un orden natural, la seguridad sería ofrecida por empresas privadas, asociaciones vecinales, comunidades autónomas o sistemas de arbitraje. Cada persona o grupo elegiría libremente a quién confiar su protección y resolución de conflictos. Los proveedores, al operar bajo competencia, tendrían incentivos reales para proteger eficazmente a sus clientes, evitar daños y resolver disputas con imparcialidad. El fracaso tendría consecuencias económicas. La eficiencia y la reputación serían claves.

Además, la privatización de la defensa disuelve la lógica de guerra permanente. Los Estados, al no enfrentar consecuencias patrimoniales por sus guerras, se embarcan en conflictos costosos y destructivos. En cambio, los aseguradores privados y las comunidades libres evitan la violencia, ya que las guerras interrumpen el comercio y destruyen valor. La defensa legítima se vuelve específica, localizada y proporcional.

Solo cuando la producción de seguridad se somete a las reglas del mercado, la protección deja de ser una excusa para la opresión. La justicia ya no responde a agendas políticas, sino a principios contractuales y a la voluntad de las partes involucradas. En ese entorno, la libertad no necesita soldados ni decretos, necesita contratos y responsabilidad.